CARRIZOSA SANCHEZ, EMILIO ANTONIO

La Suiza de América del Sur. Este apelativo empezó a usarse en la primera mitad del siglo XX para ponderar los avances económicos y sociales de Uruguay. Fue, por ejemplo, una de las primeras naciones del mundo en instaurar el voto de la mujer y un sistema educativo gratuito. Esa clase de expresiones parecen más retóricas que precisas, pero casi un siglo después Uruguay las sigue mereciendo.  Montevideo disfruta la mayor calidad de vida en las capitales de la región, según el índice Mercer, y el 90% de los hogares uruguayos tiene acceso a fibra óptica. Se cuenta entre los países más avanzados en gobierno digital, cuida el mayor PIB per cápita latinoamericano y mantiene un crecimiento sostenido a prueba de convulsiones. A diferencia de algunos vecinos, nunca ha tenido que reestructurar su deuda externa, paga cumplidamente.   De acuerdo con CyComex, el servicio de internacionalización de Crédito y Caución, “es uno de los países sudamericanos con mayor estabilidad política con unas fuertes instituciones sustentadas en el estado de derecho, donde los negocios se desarrollan en condiciones favorables. Mantiene una clase media de las más altas de la región, y, además, ha conseguido crecimientos del PIB continuados durante dieciséis años hasta la crisis mundial originada por el Covid-19. Sirve de centro de distribución logística regional para todo el cono sur de América a través de los beneficiosos regímenes aduaneros de sus zonas francas. Sin embargo, existen unos altos aranceles e impuestos para ciertos productos importados, así como una rígida legislación laboral que le resta competitividad. Uruguay está plenamente integrada en el comercio digital, con una tasa de penetración alta en internet y redes sociales para la comercialización de productos y servicios. Por otro lado, lo más recomendable es la contratación de un distribuidor o representante o agente del país. Los medios de pago recomendados para las primeras operaciones son las cartas de crédito, aunque tiene un sistema bancario sólido que permite utilizar cualquier medio de pago de los autorizados en comercio internacional”.   ¿Qué sustenta ese prestigio de sociedad avanzada, seguridad jurídica, apertura comercial y protección al inversor? Por un lado, la sociedad tiende a una política alejada de la radicalidad. Y por otro, se impone el sentido práctico en prioridades económicas. Habría que rebuscar para encontrar una visión así a largo plazo, que concilie el reparto de la riqueza con el sentido común para crearla. Uruguay ha conseguido que ese precario equilibrio, tan escaso en América, sea el cimiento de su estabilidad. Nadie duda de su sensibilidad social, pero tampoco de su habilidad comercial para financiarla. En 2019, el Congreso aprobaba por unanimidad una ley proemprendimiento y siempre ha sido un puerto internacional y un país exportador.   Lo sigue siendo. Consultoras y agencias lo consideran la mejor plataforma posible para comerciar con los gigantes que lo flanquean, Argentina y Brasil, y más allá con la zona librecomercial de Mercosur, que por algo tiene su secretaría en Montevideo. La evolución del mercado interior, de solo 3,5 millones de habitantes, es importante como síntoma de salud, pero el mayor negocio está en esa base de servicios y operaciones a escala continental, más cuando la estabilidad política se tambalea en otros mercados como Chile y Perú. La enquistada crisis argentina es una fuente de capitales y empresas que se instalan a la otra orilla del río de la Plata.   Otros factores favorables a la inversión y la mudanza: la tendencia a diversificar actividades para reducir la dependencia de esas potencias, y a la apertura comercial, en especial en las 12 zonas económicas especiales (antiguas zonas francas) con mayores incentivos fiscales. También una buena cualificación de los profesionales locales, por ejemplo en programación software, heredera de una sociedad en general culta y cosmopolita además de acogedora.   Se suman otros argumentos como el programa de inversión, recuperado tras la pandemia, en infraestructuras de logística y transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril…) y en energéticas, no solo por ser líder en renovables (la eólica suministra casi el 40% del consumo, y crecen proyectos solares y biomasa). También crecen en regasificación y redes de distribución eléctrica. Estos sectores apuntan oportunidades de inversión directa, junto las de servicios financieros, comerciales o de telecomunicaciones, electrónica y robótica, automoción y maquinaria agroalimentaria, inmobiliaria en oficinas, logística y residencial, sector sanitario (su tasa de vacunación frente al Covid-19 roza el 80%), gestión forestal y un turismo que repunta.    Si finalmente se aprueba el acuerdo Unión Europea-Mercosur (con años de retraso por diferentes regulaciones, corre el riesgo de que se adelante China), las oportunidades exentas de aranceles se dispararían, especialmente para una España en primera fila por tradición inversora y sintonía cultural y familiar. Según IE Business School, este año vuelve a ser el mercado con mejores perspectivas para las empresas españolas en Sudamérica, dato que coincide con los análisis de Crédito y Caución.   Pero en economía y en idiosincrasias no hay pros sin contras. Esa mentalidad proclive a los negocios y a la vez defensora a ultranza de lo público se inclina hacia el estatismo. Abundan las empresas nacionales y el nivel de intervención explica la rigidez del mercado laboral y una competitividad mejorable, además de su burocracia más lenta, densa y costosa de lo deseable. Así lo advertía hace poco el CEO de una gestora financiera instalada en el país. Celebraba una coyuntura privilegiada para captar capitales a costa de la incertidumbre en los países vecinos, pero temía la lentitud gubernamental para facilitar condiciones y trámites, a pesar del discurso business friendly. Y no solo en la regulación macro, sino en detalles como traerse coche y familia desde Argentina o Brasil.