Crédito y Caución

Es una decisión histórica. El sector público tendría que reducir los plazos de pago de sus facturas hasta situarse en un plazo máximo de 30 días a partir de 2013. Y las empresas harían lo propio hasta llegar a los 60 días. Estos son los dos grandes titulares que nos deja el nuevo Proyecto de Ley Contra la Morosidad.

El nuevo proyecto de Ley aprobado en el Congreso nace con la vocación de cambio. Y las compañías que no lo respeten tendrán que hacer frente a denuncias sectoriales y a elevados intereses de demora. Detrás de esta ley está la Patronal de las Pequeñas y Medianas Empresas de Cataluña [Pimec], que ha sido capaz de liderar, a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, a cerca de 1.100.000 compañías en pos de este nuevo escenario. Su secretario general, Antoni Cañete [Barcelona, 1963], viaja por la topografía de una reforma trascendental.

¿La morosidad es un problema que solo afecta a pequeñas y medianas empresas o también a las grandes? ¿Qué diferencia a la morosidad que sufren unas y otras?

La morosidad es un problema que afecta a todo el sector empresarial y en especial a las pymes y a los autónomos. Estamos frente a un desafío global pero que repercute de forma muy dura sobre las firmas de pequeño tamaño. ¿Por qué? Un 61% de las microempresas, por debajo de diez trabajadores, cumple con sus compromisos de pago mientras que este porcentaje en las firmas de gran tamaño es solo del 13%. ¿Moraleja? Cuanto mayor es la empresa menos se respetan los plazos.

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¿De qué forma afecta la morosidad al tejido productivo español? ¿Hay alguna forma de cuantificar este efecto? ¿Qué consecuencias se pueden extraer de ello?

La morosidad repercute en el tejido productivo, pues genera problemas de solvencia lo cual pone en riesgo la viabilidad de la empresa y que esta sea menos competitiva. A lo que se suman los problemas de acceso al crédito, ya que la financiación bancaria a día de hoy es difícil. Y es que no hay que olvidar que España es, después de Grecia, el país de la Unión Europea que más tarda en pagar. Respecto al tiempo, en PIMEC hemos elaborado un estudio en el que revelamos que si los tiempos de pago pasaran de 98 días de media a 60 poniendo como ejemplo los plazos con los que trabajan las pymes en Cataluña se inyectarían al sistema 1.100 millones de euros. Si lo extrapolamos a nivel nacional, esta reducción supondría generar 300.000 puestos de trabajo e inyectar 10.000 millones de euros solo en el ámbito privado. Cifras de vértigo.

¿De qué manera resumiría las principales reivindicaciones de la PMCM destinadas a resolver este problema?

El resumen sería elaborar una ley que deje hacer a las empresas aquello para lo que están concebidas: desarrollar productos, comercializarlos, recibir un dinero por ello y prestar servicios. Por eso urge el cambio de la ley en vigor. La nueva normativa ha sacado del texto la cláusula salvo pacto en contrario, que permitía la posibilidad de acuerdo entre las partes para alargar los plazos de pago. El máximo inamovible son 60 días para las empresas. Además, los plazos comenzarán a computar desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio, sin tener en cuenta la fecha de emisión de la factura.

Es muy posible que la Administración haga suyas algunas de las iniciativas que ha planteado la Plataforma. ¿Cómo lo valoran? ¿Están satisfechos de la sensibilidad mostrada por los partidos políticos en este tema?

La Administración va a tener la obligación de asumir estas medidas. Tendrá que pagar a 30 días en vez de a 157 días de media, como ha estado sucediendo. En Europa, por hacer una comparación, este periodo medio es de 63 días. En cuanto a los apoyos, estamos muy satisfechos de la sensibilidad mostrada por todas las fuerzas políticas, gracias a ello se ha podido tomar una decisión histórica.

No es la primera vez que se desarrolla una legislación para tratar de acortar los plazos de pago en España. Ahí están los precedentes de la Ley de Comercio Minorista o la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, las cuales no produjeron cambios de calado. ¿Será diferente esta vez?

Lo será porque como país necesitamos esta ley. Nos hacen falta reformas estructurales. Posiblemente sea una de las medidas más importantes que podemos tomar para que no se cierren empresas y no se despidan trabajadores.

Los países del norte de Europa tienen plazos más cortos frente a los de, por ejemplo, la cuenca mediterránea. ¿A qué se debe esta diferencia?

Básicamente a la existencia de una cultura sobre el pago mucho más sólida. En Noruega, Dinamarca o Finlandia, por ejemplo, los plazos de abono están por debajo de 30 días.

En estos momentos, la Europa de los Veintisiete está revisando la Directiva de Lucha Contra la Morosidad. ¿Qué esperan de esta revisión? ¿De qué forma influirá en la normativa española?

La directiva europea de 2000 introduce elementos de competitividad y de ayuda a los cobros en los pagos comerciales, tal y como dice la Small Business Act. Esta última es una iniciativa europea a favor de las pymes cuyo lema es pensar primero a pequeña escala y que se enmarca dentro de la estrategia de Lisboa para conseguir una Europa más competitiva. De hecho, gracias a la Small Business Act se van a generar nueva leyes en Europa y por ende en España para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

En sus actos públicos, la Plataforma ha destacado el precedente legislativo en Francia. ¿Cómo está nuestra legislación frente al país galo? ¿Y en comparación con otros países europeos?

El 4 de agosto de 2008 Francia redactó la Ley de Modernización de la Economía, que establece que todas las empresas deben pagar en menos de 60 días. Hoy, en el país vecino, el tiempo medio es de 54 días. Creo que estas cifras contestan por sí solas.

La reducción de los tiempos de pago provocará, sin duda, una mejora en las necesidades de financiación de las empresas españolas. Sin embargo, pensando en el comercio internacional, ofertar unos plazos de cobro amplios supone una ventaja competitiva. ¿Cómo se puede conseguir el equilibrio entre estas dos circunstancias?

Son cosas diferentes. Cuando vas a un país tienes que adaptarte a sus tiempos de abono. Pero utilizar los tiempos de pago o, mejor dicho, la diferencia en los tiempos de pago como si fuera un instrumento financiero es confundir lo que es una empresa con un banco.

¿Qué instrumentos tienen las empresas para luchar contra los riesgos de impago derivados de sus tiempos de pago?

Muy pocos. Con la ley anterior a la reforma, judicialmente era muy difícil demostrar el impago por lo que esta vía apenas se utilizaba. De hecho, el 81% de las empresas buscaban salidas amistosas y no judiciales.

¿Hasta qué punto el riesgo de impago condiciona en nuestros días el futuro de las empresas?

Lo hace de una forma directa. Si tienes problemas a la hora de acceder al crédito es difícil no solo crecer sino subsistir. El problema es que el impago pone en riesgo de supervivencia de una forma directa a la empresa.

¿Qué valoración hace del seguro de crédito como herramienta de lucha contra la morosidad?

Siempre he sido un gran prescriptor del seguro de crédito. En mi opinión, el valor no está tanto en la indemnización como en la información que estos seguros te aportan de tus clientes.

Una reflexión mirando a los días venideros: ¿cuándo y cómo saldremos de la crisis?

Es la pregunta del millón. Pero la única forma es siendo valientes. Hay que tomar decisiones y emprender las reformas estructurales que el país necesita: educativas, laborales, industriales Si lo hacemos saldremos reforzados de la crisis; si no, tendremos un futuro incierto como nación, que es lo peor que nos puede pasar.

Por último, de toda esta lucha por los derechos de los más débiles, en este caso, las pymes, ¿qué ha aprendido?

El enorme valor que tiene la unión y la sociedad civil como medio para cambiar las cosas. Al fin y al cabo, así es como nace la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.